En la misma anima "al alcalde a acudir a los tribunales para aclarar qué ha pasado para que la nefasta actuación de su Gobierno haya llevado al cierre de las empresas leonesas y a la pérdida de miles de empleos".

José Antonio Diez recuerda que la negación "sin ninguna razón según la Intervención del Estado" de las ayudas a las empresas  mineras de León supone no sólo una responsabilidad por parte del Gobierno sino un atentado al empleo en toda la provincia.

"El cierre de las minas ha sido la decisión más negativa para la economía leonesa adoptada en los últimos años: ha llevado a miles de personas a la calle, empobrecido comarcas enteras y acabado con el sector productivo más importante de la provincia. Suficientes razones para que el alcalde de León, como representante de los leoneses, emprenda acciones legales contra los responsables de esta situación", indica Diez en el citado comunicado.

En las últimas semanas –agrega Diez- responsables de la Junta de Castilla y León han conminado al Gobierno a rectificar remarcando que "los informes de la Intervención del Estado indicando que no existía ninguna razón para la negativa al pago de las ayudas suponen además un reconocimiento de que puede existir una prevaricación por parte del Gobierno de España al negar el pago. El alcalde de León que alardea de llevar cualquier actuación presuntamente irregular a la Fiscalía para que se “depuren responsabilidades” tiene aquí una oportunidad única para actuar en defensa de los intereses de la ciudadanía leonesa".

Diez recuerda que actuaciones como las del Ministerio de Industria explican que, "mientras en todo el territorio nacional el paro descendía en los dos últimos meses, el número de desempleados en León roza ya los 50.000 y sigue creciendo, 13.000 de estos parados en la ciudad de León donde cada día hay 4,5 desempleados más".