El PSOE en el Ayuntamiento de León ha asegurado que el Expediente de Regulación de Empleo sobre la plantilla municipal y sus consecuencias tras la declaración de varios de los despidos como nulos le está costando a las arcas municipales más de un millón de euros, lo que supone un perjuicio para los ciudadanos que, además, se ven privados de la prestación de algunos servicios.

El portavoz de los socialistas en el Consistorio leonés, José Antonio Diez, ha lamentado este viernes en rueda de prensa que una docena de trabajadores que se vieron afectados por el ERE y que recurrieron el despido se encuentran “en casa, cobrando y sin prestar servicios”, a pesar de que varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia han declarado nulos esos despidos, “declarando su reincorporación inmediata”.

Por eso, consideran que el equipo de gobierno, al incumplir la sentencia, está incurriendo en un posible delito de prevaricación administrativa.  Además, aquel ERE ha traído como consecuencia que dos escuelas infantiles, dos bibliotecas o el albergue, en el años “con más peregrinos en la ciudad”, hayan dejado de prestar servicios.

"El peor alcalde de la democracia"

“Pensamos que al alcalde lo único que le importa es él mismo y no los ciudadanos porque las medidas perjudican de una manera muy seria a los ciudadanos”, ha indicado Diez, que ha calificado al regidor Emilio Gutiérrez como un “pésimo gestor” y como “el peor alcalde de esta ciudad en la época de la democracia”.

Por su parte, el concejal socialista Vicente Canuria, ha criticado que la aplicación del ERE no ha mostrado “ningún resultado evidente”, mientras que considera que el Tribunal Superior de Justicia ha puesto en evidencia que los despidos “no sirvieron a criterios objetivos” y que “existió discriminación en la selección” de los trabajadores afectados por el ERE.

Prevaricación administrativa

Por eso, ha indicado que la mejor muestra de la voluntad del equipo de gobierno de aceptar el dictamen de la Justicia es “cumpliendo” sus indicaciones. Sin embargo, la voluntad del Ayuntamiento es la de recurrir esas sentencias, por lo que el proceso se podría dilatar “durante varios años”, mientras que los trabajadores continuarían “con su derecho a cobrar”.

Para Canuria, esta situación es similar a la polémica con la anulación de las oposiciones a Bombero, que el Tribunal Superior de Justicia indicó que se debería reanudar. Por ello, el socialista considera que, de igual modo, el equipo de gobierno está incurriendo en una “presunta prevaricación administrativa” porque el Ayuntamiento “no cumple”.