Los sindicatos del Ayuntamiento CC OO, USO y CISF, recurrirán ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que condena al Ayuntamiento de León a la readmisión de dos trabajadoras. Un fallo dictado al considerar nulo el despido por los criterios seguidos en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ante el que los interlocutores sociales harán de ariete instados por la concejala de Personal y Régimen Interior, Nuria Lesmes, que durante la última semana se ha llegado a reunir hasta en tres ocasiones para intentar vencer las reticencias que los representantes de los empleados públicos tenían. Una resistencia que tan sólo ha mantenido UGT dentro de la mesa negociadora, además de Asial.
El resto de los sindicatos han decidido plegarse a las exigencias del PP, que incluso les ha llegado a repartir las sentencias de otros tribunales superiores de justicia con casos análogos, necesarias para armar el recurso de casación ante el Supremo. Un trabajo que hace que los portavoces sociales apenas tengan que cumplir más que con la firma para intentar que el Alto Tribunal revoque la readmisión de dos derechos logrados en el juzgado por las dos trabajadoras municipales.
El PP revistió ayer la decisión con una nota de prensa que «la comisión negociadora ha decidido recurrir estas sentencias por mayoría». «CC OO, CSIF y USO, junto con el Ayuntamiento de León, están de acuerdo en recurrir estas sentencias que, de no hacerlo, podrían causar males mayores al Consistorio», transmitieron desde el equipo de gobierno, que publicitó que «este apoyo mayoritario refleja la importancia de todo el proceso que se ha llevado a cabo, desde el acuerdo social entre las partes hasta la plena confianza de que el Expediente de Regulación de Empleo está perfectamente realizado». Una publicidad en la que Lesmes aprovechó para cargar contra UGT, «que votó sí a la realización del ERE en su momento». «Se ha quedado solo en su decisión de no recurrir las sentencias del TSJ, actitud que va contra los intereses del Ayuntamiento de León y sus trabajadores», criticó
La «plena confianza» aludida en el comunicado queda en entredicho confrontada con el texto de la sentencia y el movimiento promovido para intentar neutralizarla. Una sentencia en la que no sólo se declara nulo el despido de las dos trabajadoras, lo que implica la readmisión inmediata y el pago de los salarios de tramitación que se acumulan durante todo el año que han estado en sus casas, sino que pone en cuestión las bases de todo el ERE. El proceso sobre el que los magistrados dictaminan que «no se entregó al principio del periodo de consultas ni la lista nominativa de los trabajadores afectados, ni los criterios de selección de los mismos, como sería exigible, sino un conjunto de criterios no jerarquizados y genéricos que impedían conocer, mediante su aplicación, qué trabajadores son los afectados». Una carencia que hace que no exista «una precisión mucho más estricta que permita la determinación de los trabajadores afectados sin acudir a decisiones arbitrarias o discrecionales sin relación con los principios de mérito y capacidad».
El fallo judicial, en la que además se abunda en que los despidos son improcedentes porque no estaban incluidos en el plan de ajuste ni aparecen como causas sobrevenida, puede ocasionar toda una cascada de fallos en el mismo sentido que beneficien a los trabajadores que perdieron los juicios en el juzgado de lo social de León pero han recurrido al TSJ. Una bolsa de sentencias sobre la que Lesmes se jactó hace apenas dos semanas, días antes de que llegara el dictamen del TSJ, al ensalzar, mediante una nota de prensa, que el Ayuntamiento había ganado 48 de los 51 juicios afrontados. Un comunicado en el que no se hacía mención a que los otros tres fueron declarados nulos por «despido discriminatorio», ni esperaba que los otros se le pueden venir en contra.
