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El Tribunal Provincial ratifica el sobreseimiento del Juzgado de Instrucción y rechaza el recurso del jefe de Servicios Económicos del Ayuntamiento de León

La Audiencia sobree la denuncia por discriminación laboral contra el ex alcalde y los ex concejales de Hacienda y Personal

12/06/2017 FUENTE:

 

La Audiencia Provincial de León ha desestimado  definitivamente el recurso presentado por un trabajador municipal que acusaba de discriminación laboral y acoso al ex alcalde socialista Francisco Fernández y a los concejales de Hacienda y Personal, Miguel Ángel Fernández Cardo e Ibán García del Blanco. Con este auto, el tribunal provincial ratifica el sobreseimiento de la causa que realizó en noviembre de 2016 el juzgado de Instrucción número 3 de León, tras investigar la denuncia del trabajador presentada en el año 2007.
El auto de la Audiencia destaca que en ningún momento puede entenderse que existiera la discriminación laboral que denunció el funcionario. “Lo cierto es que no se ha traído a estas diligencias evidencia alguna de comportamientos que alberguen un propósito de vejar al querellante o de causarle unas lesiones psíquicas, cualesquiera que esta fueren, siendo así que todas las decisiones y actitudes descritas en la querella y las que la actividad de investigación han puesto de relieve, son expresión de decisiones de reorganización de los recursos personales y materiales que cada equipo de Gobierno tiene facultades incontestables de realizar, en un sistema democrático y pluralista”, destaca el auto.
Asimismo subraya que  "los actos de reestructuración de puestos de trabajo, reordenación de servicios, tareas y responsabilidades, que se han venido acometiendo desde el año 2007, y que son, según decíamos, facultad de todo equipo político al frente de la política local, pues tales modificaciones objetivas no tienen que suponer un incremento de riesgo para la salud mental de los funcionarios afectados por tales decisiones, que deben esperar cambios afectantes a su trabajo dentro de un marco de normalidad democrática, sin que la conturbación mental que exceda de la natural ansiedad por el miedo al cambio –incluso a la pérdida significativa de gratificaciones económicas, como en el caso del recurrente– pueda justificar la atribución causal de esa alteración psíquica, a los promotores de las reformas; y sin que, por último, la preservación de la salud mental de un funcionario en particular, pueda erigirse en causa o excusa para privar de libertad de decisión y actuación a los titulares del poder político del que han sido legítima y democráticamente investidos conforme a la Constitución, la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y las demás disposiciones legales aplicables.".
Diez años
Este auto pone fin a la demanda que presentó el entonces jefe de los Servicios Económicos del Ayuntamiento  contra las decisiones de reorganización del trabajo en el consistorio que él entendió como una persecución y un acoso, que tanto el Juzgado de Instrucción como, ahora, la Audiencia descartan.

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