El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de León denuncia que los leoneses “tendrán que abonar más de 16.900 euros” a un bufete de abogados para que efectúe asesoramiento legal al consistorio en materia de personal, en este caso en la subrogación de los contratos de la empresa mixta de limpiezas Emilsa.

El portavoz socialista, José Antonio Diez, destaca que este gasto demuestra que el alcalde “no confía para nada en los trabajadores municipales de los servicios legales ni de Personal y recurre de nuevo a contrataciones externas, una fórmula por la que ya optó en el Expediente de Regulación de Empleo con pésimos resultados”, critica.

En este sentido critica el “recelo” de Emilio Gutiérrez hacia sus equipos municipales “para cuestiones tan básicas como el estudio de los contratos de los trabajadores de Emilsa y por ello recurre a un bufete externo, quizá sin recordar que también contrato abogados para los despidos y estos han sido rechazados por los tribunales”, explica Diez, quien además recuerda que el coste del ERE ha rondado los dos millones de euros entre trámites e indemnizaciones.

Además el PSOE incide en el hecho de que la adjudicación “como en innumerables ocasiones” se sitúa por debajo de los 18.000 euros para “evitar así la obligación legal de publicidad y libre concurrencia y pudiendo adjudicarse así a cualquier empresario con capacidad de obrar”, asegura.

Para el PSOE las distintas sentencias y fallos judiciales demuestran que “el alcalde y su equipo de Gobierno no tienen capacidad suficiente para gestionar y que estos fallos judiciales también han mostrado que la elección de los equipos de asesoramiento externo no han sido la opción más correcta y que, desde luego, han resultado carísimos para todos los leoneses”, asegura.

Diez recuerda finalmente que la Junta de Gobierno del pasado día 14 de abril aprobó el contrato de asesoramiento jurídico y elaboración técnica del procedimiento de subrogación del Ayuntamiento en los contratos del personal de Emilsa, un contrato al que se invitó a participar a tres empresas, una de las cuales declinó la invitación. Finalmente la opción elegida fue la presentada por Máximo Luis Barrientos Fernández, BGyC Abogados, con una cuantía de 16.940 euros.