Con una nueva remesa de sentencias contrarias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que obligan al Ayuntamiento de León a readmitir a trabajadores despedidos en el ERE, el PSOE municipal calculó ayer que «el problema le cuesta cerca de 50.000 euros a los leoneses mensualmente». El pago que deben realizar por los más de una decena de operarios para los que «el alcalde y su concejala de Personal, Nuria Lesmes, han sido incapaces de hallar una solución» y que hace que, «en algunos casos, llevan más de seis meses en sus casas esperando que se les confirme un destino laboral». «Mientras tanto siguen recibiendo sus salarios con un coste altísimo para la ciudad, que a la vez ve cómo permanecen cerrados servicios municipales básicos como dos guarderías, dos bibliotecas, el albergue o el laboratorio municipal que se cerraron con el plan de ajuste», criticó el concejal socialista Vicente Canuria.

Los socialistas desmintieron «el argumento que siempre ha mantenido el PP para no proceder a la recolocación inmediata cumpliendo el mandato judicial». «No todos los trabajadores corresponden a servicios cerrados y si no están trabajando ya es porque se confirma que había un intento intencionado de poner en la calle a estos empleados y no a otros, como han demostrado los juzgados», explicó el edil del PSOE, quien reseñó que «hasta 75 veces aparece en la última Junta de Gobierno Local la palabra despido, en alusión a sentencias contrarias al equipo de gobierno, aunque el alcalde se empeñe en hablar de gestión modélica».

Canuria destacó que en las nuevas sentencias se declaran nulos «despidos de trabajadores en excedencia, que deberán ser considerados como tal», lo que «pone en entredicho toda la gestión laboral del alcalde y sus ediles, ya que tanto los juzgados de los Social de León como el TSJ y el Supremo han confirmado un cúmulo de errores en la tramitación del expediente que tiene como resultado esta nulidad de una gran parte de los procedimientos». Una tramitación «chapucera, despidos discriminatorios, elección arbitraria de empleados a despedir, incumplimiento de los criterios básicos que justifican el despido y vulneración de todos los derechos de los trabajadores afectados», enumeró el concejal socialista, quien abundó en que son «razones más que suficientes para que el alcalde y sus ediles asuman las consecuencias y las responsabilidades de este caos de tramitación que tan costoso ha sido para el Ayuntamiento y para los leoneses».

El concejal del PSOE adelantó que reclamará en la comisión de Hacienda y Personal que le expliquen los errores legales que obligan al equipo de gobierno a reconocer derechos vulnerados a trabajadoras de guarderías municipales que se excluyeron de la consideración de trabajadoras indefinidas aun teniendo derecho a este reconocimiento». «El periplo judicial del alcalde es una larga nómina de sentencias condenatorias», resumió.