La cifra que, todavía a la espera de los importes que cobrarán los trabajadores que se vayan con el final del ejercicio económico, ya rebasa con creces las previsiones optimistas de los responsables del equipo de gobierno, quienes llegaron a estimar el coste de la operación en alrededor de 300.000 euros. Un calculo a priori que se elevó en el momento de la presentación del ERE, cuando informaron a los sindicatos de que en los presupuestos del 2012 existía una consignación de 550.000 euros para afrontar estas eventualidades. Cifra junto a la que se explicó que existía un margen de maniobra suficiente, dado que, pese a que se contaba con la rescisión de la mayoría de los contratos con el cierre del mes de mayo, se había consignado el importe total de las nóminas hasta final de año de todos los afectados. Método por el cual, el desfase queda enjugado con la dotación que hubieran cobrado los empleados que se fueron a la calle si hubieran seguido en el consistorio.

Reforma laboral

Las indemnizaciones se hacen de acuerdo a la reforma laboral, que entró en vigor dos meses antes de la presentación del ERE de extinción en el consistorio. El cambio por el que la administración pudo liquidar con 20 días por año trabajado y un máximo de 12 mensualidades. Una cifra que se aplicó a todos los afectados por el expediente, incluidos los contratos que el equipo de gobierno calificó desde el principio de temporales, debido a que estaban sujetos al curso escolar, aunque sus titulares arrastraban hasta una década de compromiso con el consistorio y fueron reconocidos como indefinidos no fijos discontinuos. Criterio del que sólo han quedado fuera los que desempeñaban por primer año las funciones.

El importe ha pasado de Pleno en Pleno desde el 19 de junio, cuando se dio cuenta de las dos primeras extinciones. Una lista a la que, en la sesión plenaria siguiente, celebrada el 26 del mismo mes, se sumaron 51 afectados más, pertenecientes sobre todo a escuelas deportivas. Más de medio centenar de trabajadores a los que, además de la indemnización por el tiempo trabajado, se les ha tenido que abonar los salarios por la omisión del preaviso de despido que se debe hacer 15 días antes. Un concepto que se ahorró en los 12 despidos certificados en el Pleno del 20 de julio, pero que volvió a aparecer en 14 de los 21 contratos que entraron en la dación de cuentas de decretos de Alcaldía de la reunión del 25 de septiembre; personal al que no se había avisado con la antelación establecida por ley debido a las modificaciones y cambios que se sucedieron después de la aprobación del ERE a finales de mayo. En total, 65 casos de los 88, que han supuesto un desembolso adicional de 22.586,54 euros a sumar a los 717.663,29 euros de las indemnizaciones.

Una operación con la que, si se comparan las cifras de consignación de personal en los presupuestos del 2012 y el 2013, se apunta una diferencia de cerca de 7 millones de euros, en la que no sólo se cuentan los despidos, sino toda la reorganización.