Cinco meses después de recibir el informe del interventor municipal, en el que se advertía de «presuntas irregularidades» en la gestión económica de la etapa de gobierno de PSOE y UPL, con Francisco Fernández como alcalde, el Tribunal de Cuentas decreta el archivo de las diligencias «al no revestir los hechos objeto de las mismas caracteres de alcance». «No existen dudas de la aplicación a fines de interés público de los fondos transferidos desde la mancomunidad (de servicios funerarios, Serfunle), no existiendo daño o menoscabo en los fondos públicos», según consta en el auto remitido al Ayuntamiento

La comunicación pone fin a la denuncia remitida por el equipo de gobierno del PP, con apoyo en el documento de la Intervención. El informe en el que no sólo se apuntaba el uso del remanente de Serfunle para fines distintos a los de la mancomunidad, sino que se añadían toda una serie de «prácticas presupuestarias ilegales con vulneración del principio de nivelación presupuestaria efectiva». Unas consideraciones sobre las que, a pesar de la efusiva documentación enviada sobre 124,2 millones de «facturas en el cajón» y 59,2 presupuestados por exceso en 2008 y 2009, no hace ningún juicio el Tribunal de Cuentas, centrado en el análisis del uso de los beneficios de la mancomunidad.

No deja lugar a las dudas el dictamen del Tribunal de Cuentas, secundado por la Fiscalía y Abogacía del Estado, a pesar de que en los informes de la intervención esgrimidos por el PP «se podía deducir la existencia de actuaciones, presuntamente, constitutivas de responsabilidad contable». La acusación que se basaba «en la inclusión de plazas para la plantilla del Servicio de Extinción de incendios en la oferta de empleo público del año 2010, sin dotación presupuestaria, utilizando, como recurso de financiación las transferencias realizadas por la Mancomunidad de Servicios Funerarios Serfunle, procedentes de su remanente de tesorería para gastos generales, cuando dichos fondos deberían haber sido destinados a fines distintos que fueran competencia de la Mancomunidad, según lo previsto en sus Estatutos».

Las actuaciones en las que, como abunda el auto del Tribunal de Cuentas y ratifica la Fiscalía, «no se ha producido daño alguno en los fondos públicos, ya que la documentación remitida por el concejal delegado de Hacienda y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de León acredita que los fondos transferidos de la Mancomunidad, procedentes de remanente de tesorería, fueron aplicados a necesidades corrientes de interés público y el acuerdo por el que se realizó la transferencia de créditos fue aprobado por la asamblea de concejales de dicha Mancomunidad, sin que fuera impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa».

Una modificación con la que se repartieron 7,4 millones de beneficios entre León, Villaquilambre y San Andrés, de los cuales a la capital le tocaron 6,3 millones con los que financió tres iniciativas: un millón para la aportación al capital de la sociedad del tranvía, 235.148 euros para el Programa Participa y 620.290 euros para la Seguridad Social con las que afrontar parte del pago de media anualidad de la plantilla del servicio de bomberos.

El uso al que el juez instructor alude para decretar «el archivo de las diligencias preliminares por resultar de modo manifiesto de los hechos objeto de las mismas la inexistencia de supuesto alguno de responsabilidad contable».