El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de León salió ayer al paso de los dos primeros fallos de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, que obligan a readmitir a dos trabajadoras del Albergue Municipal, tras declarar sus despidos nulos, para advertir al equipo de gobierno que «el ERE está mal hecho».

«Los juzgados están confirmando que existen muchísimas irregularidades en este proceso, y lo que es más importante que no existieron criterios suficientes para condenar al paro a casi 200 trabajadores municipales y al consiguiente cierre de los servicios en los que estaban destinados», explica en un comunicado el edil socialista Vicente Canuria, en la que recuerda también que el Ayuntamiento de León gastó más «de un millón de euros de los leoneses en los despidos».

Canuria apunta como responsable directamente al alcalde. Los socialistas recuerdan también que el Ayuntamiento ha tenido que pagar alrededor de 800.000 euros en indemnizaciones a los empleados municipales «pero también abonó más de 150.000 euros a un bufete para que llevara y asesora en los despidos».

Canuria añade en la nota que el nuevo «varapalo» judicial del TSJ «es una confirmación más a la falta de criterios correctos y justos del Ayuntamiento» y recuerda que en este proceso, pese a las declaraciones de la concejala Nuria Lesmes, ha habido varias sentencias que confirman «la discriminación, elección arbitraria y sin criterios de los trabajadores que fueron despedidos, la obligación de readmitir a varios de ellos y, por supuesto, la declaración de nulidad legal de, al menos, cinco despidos». «Las sentencias judiciales y los procesos de conciliación admitidos por el Ayuntamiento demuestran que hubo arbitrariedad al elegir a los trabajadores, movimientos de la plantilla para salvar a unos frente a otros, arbitrariedad y criterios totalmente rebatibles en el proceso», recalca el edil socialista.

«Costase lo que costase»

Y añade Canuria: «Existen muchos recursos que aún no se han tramitado y que, como está ocurriendo en otros muchos procesos de la gestión económica municipal, van a ser admitidos. Lo cierto es que el alcalde y su equipo de gobierno se empecinaron en despedir costase lo que costase y lo hicieron sin el más mínimo rigor aunque contaban con un arma muy potente, una reforma laboral de su partido que limita de un manera brutal los derechos de los trabajadores».

Para el Grupo Socialista, tanto la sentencia de nulidad de despido de cinco trabajadores –dictadas por juzgados de León y Valladolid, en primera y segunda instancia- como los fallos judiciales sobre la oposición de bomberos demuestran una nefasta gestión en personal del equipo de gobierno del PP. «Pese al acuerdo con los sindicatos para presentar el ERE más de 100 trabajadores despedidos han recurrido a los juzgados, parece que el consenso no contaba con el aval de la plantilla», apunta Canuria.

Los ediles socialistas recuerdan asimismo que todo el proceso de despido de personal se justificó como aval imprescindible para solicitar un crédito que diera viabilidad al Ayuntamiento y, a día de hoy, el alcalde ha admitido «que no sabe cómo va a devolver este préstamo, así como se ha confirmado el incumplimiento del plan de ajuste de aumento de ingresos y reducción de costes con que se avala esta petición de crédito».